Escrito por: Narciso Isa Conde (narsoisa@gmail.com)

¡Ay! lo dijo Franklin Almeyda: la mitad de la Policía (quince mil de sus treinta mil miembros) están asignados a cuidar personas, hogares y negocios privados y si el jefe de esa institución le “mete el pico” al problema lo “harían saltar”.

El ministro no entró en detalles, porque ahí está lo peor.

Reciben sumas muy superiores a sus sueldos para cuidar casas, propiedades, lugares de descanso y negocios de funcionarios, oligarcas, generales y otros especímenes que pueden calificarse como delincuentes.

Hacen de sicarios de cárteles civiles desde empresas de detectives, espionaje y guardianes. Son parte de una estructura al servicio de altos mandos, a los cuales deben entregar sus sueldos, parte del mismo y/o porcentajes de los ingresos privados. Los hay que entregan su tarjeta de cobro al oficial superior a cambio de su empleo privado.

El pago de “peaje” se hace escalonadamente en función de sus ingresos.

Así. la mitad de la policía está en todo menos cumpliendo su misión en cuanto a orden público y seguridad ciudadana. El costo de ese “peso muerto” es una especie de robo a los/as contribuyentes.

Pero ahí no se queda el asunto, sino que el rol y el destino del otro cincuenta por ciento está secuestrado por una poderosa estructura de mandos comprometida con diversas modalidades de corrupción.

Esa otra mitad, que hace trabajo de calle, vigilancia, investigación, prevención y persecución, tiene múltiples responsabilidades en actos delictivos comunes, maltrato a la ciudadanía, atracos contra civiles, asesinatos, torturas, protección de actividades mafiosas...

La primera mitad está francamente privatizada. La otra incursiona en múltiples actividades privadas ilegales y se dedica a violar los derechos de la ciudadanía.

Entonces tenemos una PN privatizada y podrida, incapacitada para garantizar una seguridad ciudadana, por demás gravemente afectada. Contamos, pues, con un cuerpo policial que merece ser abolido y reconstruido.

Pero en verdad, el problema no es solo propio de esa entidad.

Es de todo un Estado podrido, ahora acaudillado y fusionado inter-institucionalmente por Leonel Fernández y el sistema de corrupción vigente, viciosamente condenado al continuismo peledeísta o a un relevo perredeísta de la misma calaña, que solo una gran oleada popular a favor de un Estado digno y dedicado a crear una sociedad justa, podría liberarnos de esa policía y de él.