Las playas son del pueblo

No podemos ser mezquinos, si algo hay que agradecerle a los crisóstomo, a los valentines, a los williams, a los pared y los radhamés-chino-garcía, es que por fin, la gente comienza a reaccionar frente a una infección progresiva y latente que tenía años incubándose en nuestro país. ¡Gracias!

La privatización de las playas y los ríos ha sido un mal arrastrado por décadas, y que hemos ido sufriendo paulatinamente los dominicanos y dominicanas, impedidos del acceso y disfrute de las mejores de nuestras playas, particularmente reservadas para extranjeros, o ricos propietarios de villas y cabañas.

La excusa principal ha sido siempre la de que, aunque las playas son teóricamente públicas, el pueblo común no puede accesar a ellas, porque con ello, se traspasaría el hotel, la villa o la finca, y se violaría así la sacrosanta propiedad privada, pilar de la santísima trinidad del capitalismo. En otras palabras, la playa está ahí, pero no hay forma de entrar para disfrutarla.

Algunos hoteles, incluso, llegan a la desfachatez de cercar el entorno de la playa o bien colocar a un guachimán con cara de doberman para impedir la entrada de cualquiera que no tenga el cintillito que lo acredita como cliente; así, aunque usted se las ingenie en llegar por otro lado, tampoco podrá bañarse en sus cálidas aguas azules.

Y es qué los hoteleros (regularmente extranjeros) en el país, aprovechándose de la falta de institucionalidad, ofrecen y conciben la playa como si fuera parte de la infraestructura de sus instalaciones, convirtiéndolas en verdaderas piscinas saladas ofrecidas con exclusividad a sus clientes. Los hoteleros invierten en su mantenimiento y por tanto creen tener la patente de uso exclusivo de ellas.

Así las mejores playas del país han sido secuestradas, impidiendo de la forma más injusta que sus verdaderos propietarios puedan aprovecharlas. Es parte del saqueo sistemático que ha sufrido el pueblo dominicano de la mayoría de sus riquezas naturales, culturales y económicas.

Las mejores tierras, las minas, los ríos, las empresas públicas, la identidad, todo ha sido saqueado en nuestro país desde la llegada de Colón hasta el sol de hoy; ya sea por potencias colonialistas y neocolonialistas, por la oligarquía local o por las multinacionales insaciables, siempre con la ayuda servil de la facinerosa clase política de turno.

El problema de fondo con el tema de las playas, en ésta y en todas las constituciones anteriores, ha sido el mismo, que el derecho a la propiedad privada ha estado por encima del derecho a la propiedad pública. Los derechos colectivos nunca han tenido dolientes, una vez que los que dirigen el Estado han sido y son negligentes en su defensa y protección. Los derechos privados, sin embargo, tienen a su favor el gran poder económico del sector empresarial, la fuerza pública, las iglesias, los partidos, los medios de comunicación, los intelectuales orgánicos, las universidades y la ley.

Lo que hizo el “tigeraje” de la asamblea nacional sólo viene a reforzar lo que en la realidad se daba. Es un “tapa rabo” a la medida de hoteleros insaciables, que hace tiempo vienen impidiendo el acceso a la playa a los dominicanos, a diestra y siniestra, bajo la excusa de la defensa de la propiedad privada.

La recuperación de las playas, por tanto, no se va discutir en el Senado, ni en el circo de la reforma. La recuperación de las playas, como parte del patrimonio inalienable de las y los dominicanos, debe discutirse en las mismas playas, a través de ocupaciones por parte de las comunidades más cercanas afectadas por el saqueo, defendiendo su territorio y su patrimonio.

Tirémonos para las playas, organicemos movimientos donde las comunidades recuperen su patrimonio, esa es la tarea.

Mientras tanto, esa no es mi constitución.