Las organizaciones políticas revolucionarias firmantes, repudiamos enérgicamente las heridas provocadas al Diputado de la República Juan Hubieres, cuando fuerzas combinadas del ejército, la Aviación, la Policía Nacional y guardias municipales entraron violentamente en terrenos que ocupan legalmente 72 familias y miembros de Fenatrano y les agredieron a tiros.

El diputado Juan Hubieres fue herido de perdigonazos en la cara y otras partes del cuerpo, por lo que peligra su ojo izquierdo, así mismo 7 personas mas están heridas, incluyendo una mujer embarazada, ya que mientras se disparaba a las indefensas familias, se procedía a sacar de las casas a niños, mujeres, ancianos y hombres del pueblo en forma violenta e inhumana, en violación a los derechos de esas personas a un techo en tierra segura.

Las familias agredidas se encontraban en la parcela 185/171 del DC-6 amparada del título de propiedad 90-6751, a nombre de Gladys Venzo de Pimentel, con quien los agredidos habían firmado un contrato de promesa de venta de 75 mil metros cuadrados, por un valor de 60 millones de pesos, por lo que las 72 familias y chóferes de Fenatrano se ubicaron en ellas y estaba acompañándolas desde el mes de mayo, el diputado Juan Hubieres tratando de evitar el abuso que funcionarios del gobierno y dirigentes del PLD estaban planeando para destruirles las viviendas y arrebatarle la tierra.

Consideramos que esta acción criminal responde a un plan que tenía el objetivo de asesinar al diputado Hubieres, como lo muestra la magnitud del zafarrancho de guerra que armaron, que no se pudo materializar por la actitud firme de un conjunto de hombres y mujeres que lo defendieron y expusieron sus vidas para preservar la de él.

El síndico Juan de los Santos no ha presentado título de propiedad de esa parcelas, porque no son propiedad pública, los ocupantes habían incoado un recurso de amparo y presentado un documento de compra de esos terrenos por valor de 60 millones de pesos a los verdaderos dueños de los mismos, por eso esta acción es violatoria a la Constitución y las leyes también, porque no esperaron la decisión de la justicia.

Para las organizaciones firmantes está claro que los funcionarios del gobierno y el síndico Juan de los Santos, pretenden desalojar esas 72 familias porque tienen en proyecto construir una segunda etapa de las grandes torres de la Anacaona que están entregando a personas vinculadas al peledeismo. No están defendiendo los terrenos porque están o no en área protegida, quieren arrebatársela a como dé lugar a esas familias, antes de las elecciones, por si no quedan en la administración del Estado.

Alertamos a la población para que no permitamos que un grupito de funcionarios corruptos se adueñe y lleve las riquezas del país.

Repudiamos esta agresión, la violación a los derechos humanos, a la Constitución y las leyes y exigimos cárcel a los responsables de la represión.

Frente Amplio Movimiento Caamañista Movimiento Popular Dominicano

La Multitud LCT-CURR Alternativa Revolucionaria